El
Mostrador
17
de octubre de 2012
Se suman a lo que deberá desembolsar el Fisco por rebaja en
interés del crédito Corfo
Los
857 millones de dólares que pagará el Estado a los bancos para compensar rebaja
del CAE
El anuncio del Gobierno que beneficiará a los más de 350 mil
estudiantes que cuentan con el Crédito con Aval del Estado que no estén morosos
y que les permitirá rebajar sus tasas de interés, no será gratis. Una vez más
el Fisco deberá solventar el millonario pozo sin fondo en el que se ha convertido
el sistema que, por una parte, ha logrado el ingreso a la educación superior de
los jóvenes con menores ingresos; pero que al mismo tiempo ha entregado
recursos públicos a la banca que —según sus propios diseñadores— no se
justifican.
La entrada en escena del Crédito con Aval del Estado
(CAE) en 2006 no fue fácil. Principalmente porque luego de que el Congreso
aprobara la ley que le dio vida, uno de sus principales actores no mostró mayor
interés en participar en el nuevo sistema: la banca.
La reticencia de los bancos obedecía a que, a diferencia de los
créditos Corfo, era el Estado quien ponía la tasa de interés del CAE, a lo que
se sumaba que los bancos no podían seleccionar la cartera de alumnos ni tampoco
pedir garantías extra del aval estatal. En este escenario —en que para las
instituciones financieras no era suficiente que el Fisco garantizara las deudas
de los estudiantes— se buscó una forma de incentivar a la banca a participar,
lo que dio paso a la “recarga”, que consiste en que los bancos financian a los
estudiantes con crédito con aval del Estado, pero luego le revenden al Fisco
una parte de esos créditos con un sobreprecio.
La fórmula dio millonarios frutos: entre 2006 y 2011, según
publicó Ciper Chile, los bancos obtuvieron ganancias gracias a este ítem
por la friolera de 150 mil millones de pesos.
Si la entrada de la banca en el negocio del CAE implicó un alto
costo para el Estado, los cambios anunciados por el Ministerio de Educación,
entre los que se encuentra la salida de la banca del sistema de créditos
universitarios, no será gratis.
EL PEOR NEGOCIO
En
suma “ha sido un mal negocio para el Estado con los sobreprecios que se han
pagado. Para la banca en cambio, fue un súper buen negocio. Y no tiene que ver
con un problema de diseño sino con la falta de cuidado en las licitaciones: en
la práctica nunca el Estado se preocupó de definir un precio de reserva a
partir del cual decir hasta aquí es lo máximo en sobreprecio que me conviene
pagar y de ahí para arriba yo financio”, critican fuentes ligadas al
proceso de creación del CAE.
Según estimaciones del economista Andrés Lozano, ex asesor de la Secretaría Ejecutiva
de la Comisión
Ingresa —que administra el CAE— desde las arcas fiscales se
desembolsarán unos 857 millones de dólares solamente para cumplir la promesa de
rebaja de la tasa de interés del 6 % al 2 % que pagan los más de 350 mil
beneficiarios del CAE. Esto, porque la diferencia del 4 % correrá por cuenta
del bolsillo estatal.
La cifra la obtuvo en base a diversos datos: una tasa de mora
del 40 % del total de beneficiarios del CAE —según el Informe sobre
el tema realizado por el Banco Mundial en 2011—, ya que según anunció el
Gobierno únicamente se pagará la brecha de la tasa de interés de aquellos
alumnos que estén al día. “En aquellos que no pagan debe desembolsar la
garantía Estatal, cifra sustancialmente mayor a la estimada para el diferencial
de tasas, pero que no cambia con la nueva ley”, explica Lozano.
Además del informe
del Banco Mundial, para el cálculo se utilizaron también los montos de
créditos cursados y comprados, tanto de licitados como de renovantes que
aparecen en el Informe de
Pasivos Contingentes 2011 de la Dirección de Presupuestos. El economista detalla que “a partir de la información histórica
disponible, se proyectó la evolución de cada una de las cohortes. Luego, se generaron
los cuadros de pago al 6 % y al 2 % y con ellos se calculó la diferencia en las
cuotas. Descartando los créditos ya comprados a los bancos y aquellos de
quienes no van a pagar, la suma alzada de estas diferencias asciende a los 857
millones de dólares. En valor presente, descontando al 6 % más la compensación
a quienes ya comenzaron a pagar cuotas, el monto sería de 418 millones de
dólares”.
En la
Comisión Ingresa , tienen sus propios cálculos sobre este
costo: estiman una cifra que oscila entre los 500 y los 600 millones de
dólares. La diferencia con Lozano radicaría en que, según explican, “la
estimación del economista se basa en una diferencia fija entre el 6 % y el 2 %,
pero el promedio ponderado de la cartera es menor. En la práctica la tasa de interés
de 6 % se cursó solo un año”.
También hay otro punto que jugaría en contra de los recursos
estatales y está relacionado con los plazos de pago. Conforme explica Alejandra
Contreras, directora Ejecutiva de la Comisión Ingresa , el
pago del Fisco en este caso se realizará mes a mes, ya que “opera en conjunto
con la cuota del estudiante, por lo que este último tiene que estar al día”.
Esta fórmula, según Lozano, implica seguir despilfarrando recursos
de forma innecesaria. Básicamente porque “el Estado se podría ahorrar
el pagar una tasa del 6 %, además de los costos administrativos de la
medida, ya que puede financiarse a un interés sustancialmente menor
y prepagar hoy el total del diferencial de tasas, sin tener que estar compensando
cada mes”.
Pero más allá de las fórmulas que se apliquen o no para poder
aliviar con esta medida la carga a los endeudados estudiantes, lo cierto es que
en la práctica el CAE ha significado una suerte de pozo sin fondo para el
Estado, que en este caso deberá seguir desembolsando recursos hasta que el
último de los deudores al día cancele su cuota. Es decir al menos por los
próximos 25 años.
La “recarga” que desangra al Estado
En opinión del sociólogo Alberto Mayol, el pago de los 857
millones de dólares para financiar el cambio del 6 % al 2 %, “nos cuesta una
reforma tributaria. Esta es otra etapa del conjunto de procesos en que vimos
cómo el CAE significó un enorme desembolso de plata. Recordemos que en 2009 a Chile le costó más
plata pagarle a los bancos que lo que habría costado regalarle la carrera a
estudiantes”.
Efectivamente, ese año el Fisco pagó una “recarga” a la
banca por UF 4.226.540, cifra que se podría haber traducido en educación
gratuita para los 72 mil alumnos que en 2009 obtuvieron el CAE, ya que en 2009
los bancos BCI, Falabella, BancoEstado y Scotiabank entregaron en total UF
4.169.000 para este crédito.
El propio Banco Mundial puso el ojo en el desmedro financiero que
ha implicado este sistema para el Fisco y, en un informe que realizó al
respecto en 2011, señaló que “en nuestra revisión de la estructura de
financiamiento del CAE hemos identificado algunas áreas importantes en las
cuales el ambiente de financiamiento parece no estar en equilibrio. Lo anterior
debido a que provee al sistema financiero los que parecen rendimientos libres
de riesgo, y de manera inversa, requiere que el Estado pague más del valor de
mercado por los servicios prestados por el mercado financiero en emitir y
cobrar los créditos”.
Asimismo agregaba, que “en suma la estructura total de subasta
redunda en incentivos para las entidades financieras que son perversos, ya que
éstas se benefician de los peores escenarios posibles para el Estado: altas
tasas de mora sobre la nómina de propiedad de los bancos, y una negligencia
benigna de la nómina de propiedad del Estado a la que sin embargo, los bancos
prestan servicios de administración y cobranza”.
Fuentes que participaron en el nacimiento del Crédito con Aval del
Estado, señalan que se optó por la “recarga” para que el Estado, a diferencia
de lo que pasaba con los créditos Corfo, fuera quien fijara las tasas de
interés. Pero a la larga no fue un buen negocio. Al menos no para los recursos
de todos los chilenos.
Las mismas fuentes opinan que “hubo un déficit de gestión pública.
He escuchado el argumento, muy malo, que venía de la comisión administradora,
de que la ley no permitía al Estado fijar un tope en los porcentajes de la
recarga, del que discrepo. No es así. Y en el caso de que así fuera, si estás
preocupado de defender los recursos fiscales mandas una indicación al Congreso
para cambiarlo, pero jamás se hizo. Esto es una dejación del cuidado de los
recursos públicos”.
En suma “ha sido un mal negocio para el Estado con los
sobreprecios que se han pagado. Para la banca en cambio, fue un súper buen
negocio. Y no tiene que ver con un problema de diseño sino con la falta de
cuidado en las licitaciones: en la práctica nunca el Estado se preocupó de
definir un precio de reserva a partir del cual decir hasta aquí es lo máximo en
sobreprecio que me conviene pagar y de ahí para arriba yo financio”.
Bitar
considera que la entrada en escena del CAE “fue una buena decisión, y significó
en su momento un avance importante para paliar las posibilidades de acceso a la
educación superior de jóvenes de menores ingresos (…) Esto se saca del contexto
histórico, porque hace 10 años la gran preocupación era que una gran cantidad
de jóvenes no tenía recursos para financiar los estudios. Fue un paso
importante, pero son pasos progresivos. Hoy, hay que hacer mucho más, por eso
está muy bien el subsidio al crédito y una reforma a la Ley de Acreditación”.
El ex ministro de Educación, Sergio Bitar, que era secretario de
Estado durante el gobierno de Ricardo Lagos cuando se ideó el CAE, sostiene que
“el Estado no debió pagar la recarga. Eso ocurrió cuando se aprobó la ley y yo
ya había dejado el Ministerio. Creo que se debió enviar otro proyecto de ley y
operar directamente y no estar pagando lo que la banca de manera indebida
cobró”.
En todo caso, Bitar considera que la entrada en escena del CAE
“fue una buena decisión, y significó en su momento un avance importante para
paliar las posibilidades de acceso a la educación superior de jóvenes de
menores ingresos (…) Esto se saca del contexto histórico, porque hace 10 años
la gran preocupación era que una gran cantidad de jóvenes no tenía recursos
para financiar los estudios. Fue un paso importante, pero son pasos
progresivos. Hoy hay que hacer mucho más, por eso está muy bien el subsidio al
crédito y una reforma a la Ley
de Acreditación”.
Al pago que el Fisco deberá realizar a la banca por la disminución
de las tasas de interés para los beneficiarios del CAE, se suma lo que Corfo
deberá desembolsar para compensar la rebaja de 3,6 puntos en la tasa de interés
anual del préstamo a los deudores de los créditos de pregrado entregado por
diversas instituciones financieras.
En los próximos 10 años, según consigna La Segunda , esta reducción
implicará un costo para Corfo de más de US$ 100 millones de dólares.
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