REFORMA DE LA EDUCACION SUPERIOR
“UN PAIS QUE LE MIENTE A SU JUVENTUD, ES UN PAIS QUE NO TIENE FUTURO”
Por: Dr.
Sergio Cousiño M.
Cirujano
Dentista Universidad de Chile
Federación
Colegios Profesionales
Universitarios
de Chile
En Chile, la juventud que tiene una
edad entre 15 y 29 años, suma una cantidad de 4.188.552 personas. De esta
cantidad, 1.161.222 jóvenes cursan alguna carrera en la educación superior, de
los cuales 406.427 son técnicos
superiores (39,0%) y 709.874 son Universitarios (61,0%). La particularidad de
este sector de la juventud, es que vio en la educación superior, una
oportunidad para elevar sus ingresos y así mejorar su calidad de vida, para lo
cual se vieron en la necesidad de pagar y endeudarse, con el objetivo de
obtener un título técnico y/o
Universitario (1).
Los tres principales logros
mencionados por la juventud no difieren según nivel de estudios, pero sí
cambian sus posiciones relativas. Por ejemplo, entre quienes están actualmente
cursando o sólo cursaron la enseñanza básica y media, el principal logro
consiste en ser profesional o tener una profesión (41,3%). En segundo lugar,
mencionan el obtener un trabajo que les guste (32,0%) y en tercer lugar, el
hecho de ganar más dinero o mejorar su situación económica (30,5%). Para
quienes están cursando, estudios superiores o lo hicieron en el pasado, está
primero mejorar la situación económica; en segundo lugar, poder trabajar en lo
que les gusta, y en tercer lugar, el llegar a ser profesional.(2)
Crecimiento de la matrícula
Quienes defienden el actual modelo de
educación superior universitaria, usan como argumento que se ha aumentado
sustancialmente la cobertura y el acceso a la educación superior, “siete de
cada diez jóvenes que actualmente van a la universidad, son primera generación
en sus familias que alcanza esta meta”. El problema es que este crecimiento ha
sido sin ninguna planificación, es decir no guarda relación con un proyecto de
desarrollo país. Tampoco ha existido ninguna regulación de la calidad de la
educación recibida por estos jóvenes, (de las instituciones que prestan el
servicio educativo, como tampoco de los programas de estudio impartidos). Hemos
pasado de 8 universidades de razonable calidad existentes el año 1980, a 59
universidades en la actualidad, la gran mayoría de dudosa o mala calidad. Los
programas de pregrado acreditados son sólo el 34,8%. del total de los impartidos, por lo que la
mayoría de los estudiantes universitarios estudian carreras sin ninguna
acreditación (3).
EVOLUCION MATRICULA EDUCACION UNVERSITARIA
FUENTE: SIES MINEDUC
El crecimiento de la matrícula de
educación superior universitaria en la última década corresponde sólo en un
4.7% a las universidades estatales, un 38,9% a universidades privadas del
CRUCH, un 96,1% a universidades privadas adscritas al sistema único de
selección y un 78,2% a universidades no adscritas al sistema único de
selección, estas últimas universidades corresponden a las cuales se ingresa con
PSU rendida y por entrevista personal, sin ninguna selección (Consejo Nacional
de Educación 2016
Titulaciones
Por otro lado, lamentablemente los
datos duros muestran que sólo el 45% de los jóvenes que ingresan a la educación
superior universitaria llega a titularse, el 55% no se titula, sin embargo
adquieren deudas, por lo que tenemos un importante número de jóvenes endeudados
y sin título, que además terminan frustrados. Según el Servicio de Información
de Educación Superior (SIES). La deserción en el primer año alcanza al 30,6%,
lo que implica que 3 de cada 10 estudiantes abandonan su carrera al cabo del
primer año de estudios. Principalmente quienes fracasan son los jóvenes que no
tenían las capacidades para acceder a estudios universitarios, es decir,
quienes ingresaron a la universidad con bajos puntajes de PSU o solamente con
la prueba rendida, sin selección alguna. Estos jóvenes en su gran mayoría
pertenecen a hogares modestos, que recibieron una educación básica y media de
mala calidad (lo cual no es culpa de ellos), pero se les dijo que podían ser
profesionales universitarios y se les hizo pagar para ello. Estos jóvenes son
víctimas del engaño que rige al actual modelo de educación universitaria (4) (primer engaño a los jóvenes).
Movilidad social
De los que llegan a titularse, sólo el 32% se inserta laboralmente en trabajos relacionados con la carrera estudiada, la mayoría (57%) termina trabajando en actividades laborales que tienen poca o ninguna relación con sus estudios.. No existen campos laborales capaces de absorber la enorme cantidad de profesionales que el sistema de educación universitaria chilena está produciendo, por lo que la mayoría de ellos terminan subempleados o derechamente cesantes. Si separamos a los jóvenes profesionales por grupos socioeconómicos, vemos que en el segmento A,B,C1 la inserción laboral en la carrera estudiada alcanza al 60% de los profesionales, en el C2 al 40%, del segmento C3 hacia abajo, la inserción laboral en la carrera estudiada cae por debajo del 20%, lo que demuestra que la movilidad social perseguida tampoco existe (5) (segundo engaño a los jóvenes).
Cesantía Profesional
Durante el año 2016, la cesantía
entre egresados de la educación superior se ha dejado sentir con fuerza. En el
primer trimestre de este año, los egresados de educación superior cesantes
alcanzaron a 206.740 personas, que representan el 38,3% del total de cesantes
del país. Los egresados de universidades cesantes llegaron a 122.685 personas,
que representan el 22,73% del total de cesantes en Chile. De esta manera, el
grupo ocupacional más afectado con la desocupación es el de profesionales,
científicos e intelectuales, que aumentó en 31,4% en el presente año, la mayor cifra desde que se toma la
actual encuesta de desempleo desde enero de 2010. Esto es grave para el país, ya que tenemos personas que destinaron
años a completar una educación superior, y no están pudiendo aportar su plena
capacidad productiva por falta de oportunidades. Aquí hay un tema estructural,
que tiene que ver con el descalce entre la oferta educacional y la demanda de
trabajadores profesionales, por lo que no es coincidencia que estemos en
máximos de aumento de la cesantía en este segmento, justo en un período de
desaceleración. En el mismo período (1990 – 2015) en que las matrículas
universitarias crecieron más de siete veces, la población chilena paso de
13.178.782 habitantes en 1990 a 17.865.185 habitantes el año 2015, lo que
representa un crecimiento de la población de un 26,4%. Si ha esto agregamos que
las titulaciones han aumentado más de un 50% durante los últimos cinco años, la
situación debería seguir empeorando. A esta negativa situación se suma que 626
mil chilenos con estudios superiores están subempleados, ya que trabajan en
actividades de menor calificación e ingresos. Por ejemplo, ganan $316 mil al
mes, cifra tres veces menor a los $915 mil que reciben quienes trabajan en
labores de alta calificación (6). (tercer
engaño a los jóvenes).
Los aranceles universitarios y el endeudamiento
A igual poder adquisitivo, Chile
tiene los aranceles universitarios más altos de la OCDE, es decir, las familias
chilenas son las que deben pagar más por la educación de sus hijos, que ningún
otro país de la organización. Si consideramos la encuesta CASEN 2013, el noveno
decil alcanza a una renta familiar de $1.160.000, de manera que el 90% más
rico, no tiene como financiar la educación de un hijo, menos la de dos. Los
aranceles chilenos están muy por encima de los costos reales, por lo que deben
ser fijados, no por un arancel de referencia, sino basados en los costos de
cada carrera. Lo anterior ha derivado en un alto endeudamiento juvenil, el
estudio realizado por el SERNAC y el INJUV el año 2014, dejó en evidencia que
el 47% del endeudamiento juvenil correspondía directa o indirectamente a
crédito universitario (8)(cuarto
engaño a los jóvenes).
Lucro de las universidades
Insistir en el camino de financiar la
educación superior en función del ingreso de los estudiantes sólo beneficiará a
quienes lucran de manera ilícita en las universidades privadas, mediante
mecanismos como el arriendo de sus dependencias a inmobiliarias de su misma
propiedad. Sólo a modo de ejemplo, la Universidad Andrés Bello, de propiedad
del grupo Laureate International Universities, en transacciones con empresas
relacionadas alcanzó a $28.000 millones durante el año 2014, monto que fue
llevado a gastos y a pesar de esto, tuvo una rentabilidad de $18.000 millones
durante el período. El año 2011 la Universidad San Sebastián compró sus
inmuebles a la inmobiliaria Laguna Blanca Dos S.A. de propiedad de sus
controladores, por la suma de $25.550 millones, cuando su valor comercial era
sólo de $ 4.206 millones, generando para sus dueños una utilidad neta de
$21.344 millones (9)
. 
Los recursos públicos destinados a educación superior
Solo en 2015 el Fisco aportó por
distintas vías más de un billón y medio de pesos ($1.543.751.523.000) a las instituciones de educación superior
chilenas: universidades privadas y estatales, además de institutos
profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT), más de US$2.304
millones. El millonario aporte estatal se materializó por dos vías de
financiamiento: becas y créditos a los estudiantes (voucher) y financiamiento directo a las instituciones (aporte
basal). Esa cifra ha sido desmenuzada por la Contraloría, la que desde 2011
elabora sendos informes anuales que dan cuenta del dinero que aporta el Estado
a las instituciones de educación superior. Aparte del CAE, transformado hoy en
un recurso público, están las becas: dos de ellas reparten $161 mil millones de
los cuales el 95% va a parar a universidades, institutos profesionales y
centros de formación técnica privados. Eso explica por qué los privados bregan
porque el sistema se mantenga incólume.
En 2015 las universidades privadas no tradicionales
(creadas después de la reforma de 1981) percibieron el 23,6% de los dineros
aportados por el Fisco a la educación superior. Los institutos profesionales,
también privados, se hicieron con otro 11,9% de los recursos, mientras los CFT
se quedaron con otro 5,4%: ambos por ley están autorizados a retirar utilidades. En total, 39,9% del dinero entregado por el Estado fue a parar a
instituciones privadas, las que hasta ahora no tienen una regulación financiera
ni de calidad que satisfaga los parámetros mínimos de garantía para las
familias chilenas. Si se desagregan los datos y se considera solo el dinero
fiscal entregado vía voucher (becas y créditos a estudiantes), el sistema
privado supera en recursos recibidos a las instituciones tradicionales del
Cruch: 55,64% del total, frente al 23,69% de las universidades estatales y al
20,54%de las universidades privadas tradicionales.(9).
CAE: el principal aporte a las privadas
Desde que el Crédito con Aval del
Estado entró en vigencia en 2006, varias universidades privadas no
tradicionales pudieron iniciar una agresiva expansión de matrículas. El nuevo
crédito fue la llave que le abrió la puerta de la educación superior a quienes
antes no podían acceder al sistema, ya fuera porque no tenían los recursos
económicos o porque no superaban los filtros académicos para hacerlo. De hecho,
quien fuera el impulsor de la idea, el ex ministro Sergio Bitar (PPD) ha
defendido su creación arrimándose al argumento que el CAE permitió democratizar
y masificar el acceso a la universidad (9).
La explosiva alza de matrículas solo benefició a la
educación privada, permitiendo que instituciones sin regulación se expandieran
sin control. Fueron las manifestaciones estudiantiles de 2011 las primeras en
sacar al pizarrón a estas instituciones y a la legislación que las hizo crecer,
al mostrar el negocio y el lucro que realizaban a pesar de que a las
universidades la ley les prohíbe el retiro de utilidades. Basta mirar las
cifras de cuatro de las universidades privadas más grandes, las que además
formaron parte de la investigación de la Fiscalía por lucro: la Universidad
Autónoma en 2006, cuando entró en vigencia el CAE, registraba 8.580
estudiantes, mientras que hoy su matrícula supera los 20 mil alumnos. La UNAB
subió en el mismo periodo de 22 mil a más de 47 mil matriculados. La
Universidad San Sebastián creció de 10 mil a 27 mil estudiantes. Mientras que
la Santo Tomás subió de 14 mil a 29 mil.
El CAE se ha transformado en el
principal vehículo utilizado por el Fisco para aportar suculentas
transferencias de dinero a las universidades privadas. Los 28 planteles
privados que recibieron dineros vía CAE en 2015 sumaron $273 mil millones, el 65,6% del total de fondos repartidos por este crédito a la educación
superior.
El CAE se ha convertido así en el
principal sostén de dineros públicos de las universidades privadas, una opción
que al Fisco le ha salido carísima. Desde que el crédito comenzó a
implementarse en 2006, el Estado ha desembolsado cientos de miles de millones
de pesos para recomprar carteras de deudas a los bancos, que son quienes
entregan el dinero a los estudiantes para que puedan estudiar. En las
proyecciones iniciales en 2006 se contemplaron cerca de $10 mil millones
anuales para cumplir con la “recarga” prometida a los bancos durante la
tramitación de la ley, pero esa recarga terminó costándole al fisco $610 mil
millones en 2016. El 35% del presupuesto total destinado a la educación
superior. Frente a la magnitud de los recursos que el Estado le entrega a las
diversas instituciones privadas de educación superior, la preocupación central
es saber cómo la reforma edcucacional le pondrá atajo al negocio desregulado
que afecta a 896.455 estudiantes. Esa es la matrícula total de las
instituciones privadas y representa el 72,7% del universo de la educación
superior. La incógnita es si finalmente la reforma incorporara reglamentos y
entes de fiscalización efectivos que permitan garantizar el fin del lucro y la
correcta utilización de recursos públicos (9).
Una pobre discusión del Proyecto de Ley
Todo lo anterior, demuestra y pone en evidencia el fracaso
del modelo neoliberal aplicado en la educación superior chilena. La discusión
del Proyecto de Ley de Reforma de la Educación Superior, a nuestro juicio ha sido pobre, ya que en ella han participado
sólo los “incumbentes”. Por un lado, los estudiantes que quieren la “gratuidad
universal” a cualquier costo, sin importarles que los recursos no estén
disponibles para ello (US$3,700 millones anuales, para financiar la gratuidad
universal), como tampoco les importa, que la mayoría de las universidades les
estén entregando una educación de mala calidad, al mismo tiempo que no
visualizan que no existen campos laborales para absorber esa cantidad de
profesionales, por lo que la inmensa mayoría de ellos están estudiando para ser
cesantes (550.000 aproximadamente). Por otro lado, los Rectores y dueños de las
empresas privadas de educación, han centrado la discusión en asuntos como el
nivel de complejidad que se les exigirá a las instituciones, pero casi nadie se
pronuncia sobre una de las mayores preocupaciones que hoy aqueja tanto a
rectores de planteles públicos como a dueños de instituciones privadas: el real
reparto de los fondos públicos que las financia.
No se ayuda a los
estudiantes de bajos ingresos mediante la entrega de una educación gratuita de
mala calidad, provista por agentes privados y con escasa posibilidad de
inserción laboral al término de las carreras. Por el contrario, constituye una
verdadera estafa a las familias de menores ingresos. (quinto engaño a los jóvenes)
La Federación de Colegios
Profesionales Universitarios ha señalado que la
gratuidad, primeramente, debe ejecutarse aumentando el aporte basal de
las universidades del Estado, como ocurre en todos los países de Latinoamérica
y no a través del subsidio a la demanda, entregando vouchers o becas a los
estudiantes. De esta manera, se aseguraría no sólo la gratuidad de la docencia
a los estudiantes, sino el financiamiento de la investigación en las
universidades del Estado. Los recursos del Estado no pueden ser entregados a
universidades privadas que conciben la educación como un negocio y que –en
muchos casos- no cumplen con estándares mínimos de calidad.
Lo peor de todo, es que este engaño a
los jóvenes y a sus familias, se hace con el “aval del Estado”, utilizando
recursos públicos que pertenecen a todos los chilenos, los mismos recursos que
faltan para disminuir las listas de espera en salud, los mismos que faltan para
mejorar las pensiones miserables, que recibe la inmensa mayoría de los
jubilados en Chile, etc., etc.
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