En
la actualidad La burbuja odontológica
se ha generado un interesante debate
sobre la educación de nuestros niños y jóvenes, el cual se centra
principalmente en dos puntos; el financiamiento y la inequidad de su calidad.
Pero hay un factor que no hemos considerado en los debates, la regulación de la
oferta de carreras universitarias y técnicas. La cesantía ilustrada es una
realidad en muchos países de América
Latina y de Europa.
En éstos, la oferta de carreras profesionales no se reguló mediante una
planificación nacional, generando un nuevo frente de demandas y conflictos
sociales.
Cuando el lucro es el motor de la
creación de carreras universitarias, es decir, se planifica y se sostiene la
apertura y cierre de escuelas profesionales mediante la demanda social y en
búsqueda de rentabilidad de la inversión, se genera irremediablemente una
sobreproducción de profesionales. La evidencia demostró que el “mercado
educativo” no pudo regular la calidad de la educación superior como lo
aseguraron los creadores del modelo. Se debieron crear agencias -privadas- de
acreditación para que mediante certificación, se garanticen las condiciones
mínimas de: coherencia curricular, recursos humanos e infraestructura para la
formación de profesionales. Así también se pensó que la lógica de mercado
garantizaría la cantidad de profesionales, que sería regulada por el mercado
laboral y la demanda de desarrollo país. Esta postura ideológica nos lleva a
que debemos esperar dos cosas; que los mercados laborales se saturen de
profesionales para que de esa manera desaparezca la demanda o que, la
iniciativa privada desarrolle nuevas fuentes de producción que exijan ciertos
tipos de profesionales. ¿Qué problemas nos acarrea esta libertad educativa
garantizada en nuestra Constitución? Lo primero es que se genera de una gran
cantidad de profesionales que no ejercen la profesión que estudiaron
(frustración), lo segundo es la baja la calidad del empleo y de los sueldos y
por último, se masifica el nivel de endeudamiento de las clases medias y bajas
que son las que estudian gracias a la deuda familiar o personal.
Lo peor de esta burbuja de futuros
cesantes ilustrados y endeudados es cuando el daño se sociabiliza en
profesiones que tienen un profundo componente social, como por ejemplo en la
salud pública.
Para la carrera de medicina (y
pedagogías básica, diferencial y parvularia) se ha impuesto la obligatoriedad
de la acreditación en la Ley de Calidad y Equidad para la Educación Superior,
pero ¿qué ha pasado con las escuelas que hasta hoy no se han acreditado? No ha
pasado nada, dado que la ley no impone ningún tipo de sanción a las
universidades que no acrediten sus carreras. Por lo mismo, la gran mayoría de
las escuelas de medicina lograron acordar un Examen Médico Nacional de carácter
voluntario, que permite tanto al sistema de salud público como privado,
visualizar en parte la calidad de los profesionales egresados. En educación se
intenta realizar algo parecido mediante la Prueba Inicia, que hasta el día de
hoy es voluntaria y sin peso real en la hora de controlar la “libertad de
enseñanza” de los futuros profesores.
LA BURBUJA
ODONTOLÓGICA
Hace no más de una década existían en Chile unas 10 escuelas de odontología
que generaban un sostenible aumento de profesionales para la demanda nacional.
Pero, bajo los incentivos de mercado y la desregularización intencional, en
pocos años la cantidad de escuelas dentales aumentó en un 400%, de las cuales
sólo las “tradicionales” y un puñado de privadas están acreditadas (ni hablar
de la generación de investigaciones y publicaciones serias).
Lo anterior no es sólo un problema
gremial o familiar (lo que ya es éticamente grave), sino que es un problema de
salud pública que absolutamente nadie ha considerado de manera seria.
Publicaciones españolas y latinoamericanas demuestran que el exceso de
odontólogos genera: 1) disminución de la calidad de los tratamientos, 2) sobre
indicación de tratamientos, 3) disminución de los sueldos, 4) nula mejora en la
cobertura de los sectores más vulnerables y 5) empobrecimiento de la clase
media profesional (en España la
tasa de cesantía de dentistas es de un 10%).
Lamentablemente de estas 40 escuelas
dentales se titularán, en menos de 10 años, tal cantidad de dentistas que se
generará una cifra aproximada de un dentista por cada 800 habitantes lo que es
más del triple de lo recomendado por OMS
(1 por cada 3.500 habitantes) generando una gigantesca sobre
oferta de profesionales de dudosa calidad en el sistema de salud chileno ¿Quién
se hace responsable de esto?
En los países desarrollados o en vías de
desarrollo que han asumido esta realidad como un problema país (tal como lo es
toda la educación desde la pre-básica a la superior) han generado mecanismos
legislativos de regulación sobre la “libertad de enseñanza”, que apuntan hacia
el bien mayor de la sociedad en desmedro del beneficio (lucro) de un puñado de
particulares. Esta regulación por parte del Estado es ideológicamente contraria
a todo lo que exponen los propulsores y defensores del modelo actual que rige
en Chile y por lo mismo habrá que preguntarles a los parlamentarios y
personeros de gobierno que tienen o han tenido vinculación con este proceso de
negocio de carreras profesionales, si tomarán medidas al respecto o en caso
contrario, si se harán responsables, como agentes garantes de la “libertad de
educación”, del daño irremediable a la salud pública y al futuro profesional de
todos mis colegas que han hipotecado su futuro aspirando a mejores
posibilidades de desarrollo profesional y familiar.
Francisco Córdova
Echeverría
Cirujano Dentista
Presidente de la Red Odontológica Solidaria
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