Sector Público ¿Expoliación o meritocracia?

Por: Carlos Anriquez

Cuando cambian los gobiernos, una de las primeras medidas es asignar puestos políticos y de alta dirección pública basándose en el criterio de lealtades partidarias, y dentro de él, de lealtades fraccionales o caudillescas. En Chile se creó la Dirección de Servicio Civil, dependiente del Ministerio de  Hacienda, una de cuyas funciones es seleccionar los postulantes a cargos de la Alta Dirección Pública (ADP), lo que es un progreso, ya que se elevan los requisitos y condiciones que deben cumplir los gerentes públicos para optar y ocupar en definitiva un cargo. Sin embargo, este proceso no ha eliminado el carácter expoliativo que ha tenido la administración pública chilena. En un entretenido libro de memorias políticas de un connotado dirigente radical de los años 30 y 40, se preciaba de haber influido para que sus seguidores pudieran disponer de “abundante pan” y consideraba casi traidores a quienes, habiendo recibido ese favor, no lo apoyaban en los conflictos internos del Partido Radical, entonces el más importante partido político de Chile. Esta forma de pensar (y actuar) sigue vigente hoy día, a pesar del servicio civil y el discurso meritocrático de todos los sectores políticos chilenos. Porque nadie se atreve a decir abierta y públicamente que nombrará en cargos públicos a sus compañeros de partido o, peor aún, sus amigos o sus familiares. Así  es que pueden decir que el postulante fue seleccionado de manera objetiva y profesional.

Pero seleccionar no es lo mismo que nombrar. La autoridad llamada a hacer el nombramiento tiene libertad para rechazar la terna propuesta por el Servicio Civil y declarar desierto el concurso. ¿Cuántas veces? Todas las que quiera hasta que en la terna vaya el candidato al que dicha autoridad quiere nombrar. Conozco un candidato a cargos de segundo nivel que participó en 17 concursos, en los 17 quedó en la terna final. 10 concursos fueron declarados desiertos y en los otros 7 designaron a postulantes ubicados por debajo de él.

Algo parecido pasa con el sistemas de compras públicas. Basta leer las bases para darse cuenta que muchas están direccionadas. Y si no funciona el mecanismo, se declaran desiertas las propuestas y se llama a cotización privada. O los presupuestos se calculan para evitar la propuesta pública.

¿No será mucho botar los recursos públicos para vestir bien una mentira? Otra más.

El sector público chileno no funciona bien. Carece de eficaces mecanismos de control. Una prueba: muchos de los escándalos descubiertos en los últimos años, pasaron el trámite de toma de razón sin que la Contraloría sospechara nada. Muchos de los mismos escándalos, son denunciados no por ser casos de corrupción, sino porque no cumplen con las normas legales. (Y además son constitutivos de delitos.)  

El sector público chileno carece de eficaces mecanismos de coordinación. Una prueba: el 27/2/2010, en las horas que las autoridades y la misma Presidenta de la República, intentaban concluir algo que les permitiera llegar a una decisión, en el sistema de la ONEMI había ya un correo desde el Centro de Alerta de tsunamis del Pacífico, que contradecía el informe del SHOA y nadie lo supo. Uds. pueden averiguar cuántas veces el SHOA y la ONEMI hicieron ejercicios de coordinación y desarrollaron escenarios de catástrofes probables y medidas de respuesta. La respuesta es nunca.

El sector público carece de eficaces mecanismos de evaluación e incentivos del personal. El sistema de calificaciones de los servicios del Estado considera un proceso anual  de calificación y contempla 4 niveles o “listas”: 1, distinción, 2, Buena, 3, Condicional y 4, de eliminación. La ubicación en las listas depende de los puntajes de cada trabajador y de esto, a su vez, la percepción de incentivos económicos. Pues bien, más del 98,7% de los funcionarios está calificado en lista 1, de distinción. Solo por excepción se califica en listas 2 y 3. Y en lista 4, se califica menos del 0,1% de los funcionarios. ¿Serio? Por cierto que no.  Otro ejemplo: en el plan de mitigación de Pascua Lama se consideraban medidas para impedir la contaminación de glaciares y cursos de agua. Avanzadas las obras en un alto porcentaje y el plan no se ha aplicó, los cursos de agua se contaminaron y los glaciares pueden correr la misma suerte. Solo cuando ya no podía ser más evidente, la Superintendencia respectiva aplico sanciones y paralizó las obras, ante lo que la empresa apeló hasta que tras un lapso no menor, el poder judicial confirmó las sanciones. Algo parecido pasa en Mina Invierno, en Isla Riesco, Magallanes continental, un santuario de la naturaleza que ya está siendo destruido por la contaminación con polvillo de carbón en cursos de agua, mar cercano y bosques. Y aún no se hace lo que se debió hacer hace tiempo: paralizar la faena hasta ver que cumplen con su plan de mitigación. Y si no lo cumplen, cerrarla. Es muy probable que en Marzo de 2014, este lamentable cuadro del sector público se repita, desalojando a miles de funcionarios competentes para poner a los seguidores de los caudillos y partidos de gobierno. Y nuevamente se repitan los mismos cuadros arriba descritos y muchos otros que atentan contra la necesaria eficacia que es imperativa para responder a las demandas ciudadanas. Se crearán más ministerios, más subsecretarías, más servicios del Estado y  seguirán funcionando descoordinadamente, sin mecanismos eficientes de evaluación y control, funcionarios maltratados, muy probablemente con nuevos casos de corrupción que pasen por las narices de los organismos interno y externos de control antes de ser descubiertos por pura casualidad.

 ¿O alguien cree que hay intenciones serias de corregir todo esto?